La Defensoría y Procuraduría aceptaron establecer, por separado, Puestos de Mando Unificado para hacerle seguimiento a la victimización en el paro nacional. Resultados del encuentro en Popayán, Cauca.

La Comisión de Paz se reunió con víctimas de abuso policial, la minga y grupos de jóvenes de Popayán.
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ste fin de semana, la Comisión de Paz del Senado se reunió en Popayán, capital del Cauca, para entablar diálogo y aterrizar posibles soluciones a los desencuentros entre el Gobierno y los manifestantes del paro nacional, algo que ha desembocado en casos de violación de derechos humanos.

El espacio contó con el testimonio de víctimas de violencia policial, integrantes de la minga indígena, empresarios y grupos de jóvenes que componen la heterogénea masa de manifestantes. Se realizó en la Casa de la Moneda de esa ciudad. Hubo también intercambio con la Alcaldía de Popayán y su concejo municipal, del cual participaron senadores como Guillermo García Realpe (liberal), Antonio Sanguino (Alianza Verde), Sandra Ramírez (Comunes) y Roy Barreras.

Según comunicó Barreras, la jornada dejó varias conclusiones. La mesa de trabajo con entidades locales y población dejó como resultado la construcción de un nuevo espacio para verificar casos de violación de derechos humanos, en el marco del paro. Específicamente, la Defensoría y Procuraduría, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, aceptaron la propuesta de la Comisión de establecer, por separado, Puestos de Mando Unificados para verificar en esta región las denuncias en este tema y hacerle seguimiento a la victimización y revictimización.

“Recibimos todas las voces que reconocen y la Comisión de Paz así lo hace, el espíritu dialogante ejemplar de los gobernantes civiles locales del Cauca y Popayán, el camino del diálogo y de la comprensión que aquí se ha demostrado es el camino que esperamos se imponga”, expresó Barreras.

También, los asistentes le solicitaron al Gobierno que derive recursos líquidos que permitan generar planes de empleo de emergencia para los jóvenes en las ciudades que han expresado su inconformidad en forma de protesta social.

Asimismo, la Comisión comunicó que acompaña la exigencia al Gobierno de rectificar las declaraciones que ha estigmatizado a los jóvenes en las calles pues, reiteró, “pone en riesgo la vida” de los marchantes. Por otro lado, aseguró que hará seguimiento de los casos de abuso y violencia sexual y, en específico, sobre dos casos que serán observados en conjunto con abogadas y juristas.

“La Comisión considera indispensable empoderar a los mandatarios locales y regionales de Colombia para que tengan recursos e instrumentos para dar respuesta social y no represiva a las demandas que persisten y que persistirán”, fue otra de las peticiones que comunicó Barreras.