11 de Agosto de 2020 / El Espectador / 

Es el primer paso para que el Congreso amplíe por 10 años más la ley de víctimas. El proyecto llegó a pedido de la Corte Constitucional que determinó que dicha legislación debía ir por lo menos hasta 2030, cuando se acaba el sistema de justicia transicional pactado en la Habana.

El 5 de diciembre de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó los argumentos del exministro del Interior Juan Fernando Cristo que señalaban que la ley de víctimas no podía finalizar su vigencia en 2021, dado que todavía no se han cumplido todos sus objetivos e implicaría la eliminación de toda una política que está relacionada con la implementación de los acuerdos de la Habana. De esta forma se tumbó el artículo que establecía su vigencia.

En esta misma acción constitucional, el alto tribunal determinó que el Congreso tenía un año para expedir una nueva fecha para su vigencia. De no hacerlo, la actual ley de víctimas y sus decretos complementarios (4633, 4634, 4635 de 2011) pasarían a estar vigentes hasta el 7 de agosto de 2030, fecha en la que se vence el periodo inicial de funcionamiento de la justicia transicional pactada en la Habana.

Al Congreso, torpedeado en gran parte por la pandemia, le tomó 6 meses presentar el proyecto de ley que cumple con la ordenanza de la Corte Constitucional. Ahora, el senador Roy Barreras, del Partido de la U, anunció que ya está radicada en el Congreso la ponencia para primer debate de este proyecto.

En esta iniciativa se prorroga por 10 años la ley de víctimas y sus decretos complementarios. De esta manera, legislación y determinación presidencial no se vencerán el 10 de junio de 2021 sino que serían prorrogados hasta el 10 de junio de 2031. Casi un año más del mínimo ordenado por la Corte Constitucional.

Tras la radicación de la ponencia, Roy Barreras comentó: “La Ley de Víctimas que aprobamos en el 2010, fue no sólo el primer paso para el Acuerdo de Paz, porque en ella reconocimos el conflicto y por tanto reconocimos a las víctimas, después de haber sido negadas ellas y sus derechos durante más de una década, sino que también es la ley de reparación más ambiciosa de la historia en cualquier lugar del mundo. Es un compromiso de la sociedad colombiana, con las víctimas del desplazamiento, de desaparición forzada y de todos los oprobios de la guerra”.