El senador Roy Barreras radicó una iniciativa para que los exparamilitares sean aceptados en la Jurisdicción Especial de Paz y cuenten toda la verdad. ¿Cuáles son los alcances de la propuesta?

Teniendo en cuenta una eventual llegada a Colombia de exparamilitares que han cumplido sus condenas en Estados Unidos, como Salvatore MancusoJorge 40, entre otros, y en aras de que puedan contar la verdad sobre sus crímenes, el senador Roy Barreras radicó un proyecto para que puedan acudir ante la JEP.

Según Barreras, lo que se busca es que se pueda aclarar quiénes fueron los actores y determinadores de crímenes que dejaron millones de víctimas y causaron dolor a miles de familias.


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“Estamos presentando este proyecto de ley que les permita a quienes fueron excluidos de Justicia y Paz, bien sea porque fueron extraditados para no hablar o porque fueron excluidos del sistema, que puedan volver a decir la verdad en el sistema de justicia transicional, incluida la JEP y la Comisión de la Verdad, como testigos”, dijo el senador.

Las condiciones que plantea el congresista del partido de La U es que la verdad de ese testigo compareciente tiene que ser nueva, eficaz y clarificadora. Además, debe garantizar que se conozca la responsabilidad de otros actores y así podrán obtener penas alternativas del sistema de justicia transicional, aunque aclaró que no saldrán de la jurisdicción de Justicia y Paz.

Recientemente, Mancuso, por ejemplo, fue rechazado por la JEP porque la Sala de Reconocimiento determinó que su rol como paramilitar entre 1989 y 1997 fue como miembro orgánico de la estructura criminal en la que desarrolló una “función continua de combate”. Así mismo, para la JEP, “en la solicitud no se demostró que las conductas de Mancuso correspondieran a las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal, sino, por el contrario, evidencian su participación directa en las hostilidades al ejercer una función continua de combate”.

La proposición de Barreras busca atacar esto, ya que actualmente solo tienen la posibilidad de acceder como terceros financiadores, pero no como actores del conflicto. “La verdad es indispensable que se conozca sobre el conflicto y sobre los crímenes en los que participaron y que le cuenten al país no solamente su propia participación, sino quiénes fueron los políticos que les dieron las órdenes”.

Para Barreras, esa verdad es una deuda con las víctimas del conflicto y para el país, aunque aclara que con esto no se busca generar venganzas o castigos, sino que la hace en aras de la reconciliación y para garantizar la no repetición. “Que se sepa que ordenar de la mano de agentes paramilitares criminales, despojos, desalojos, masacres o ejecuciones extrajudiciales es algo que no puede volver a vivirse en Colombia porque alimenta el fuego de la violencia que llevamos 60 años tratando de apagar”, afirmó.

Barreras aprovechó para reiterar el llamado para que los excombatientes de las Farc digan la verdad sobre los crímenes que cometieron en su pasado insurgente.


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“Tienen que decir la verdad y aprovecho para exigirles que digan la verdad. Si no dicen la verdad plena, podrán ser expulsados del sistema. Los terceros actores del conflicto, que son los paramilitares, no están en la JEP”, dijo Barreras.

Añadió que otro de los actores como han sido los militares ya se encuentran en la JEP y hasta el momento más de 2.000 han encontrado una solución jurídica en sus casos.

Barreras aclara que este proyecto no modifica la estructura de la Jurisdicción Especial ni sus funciones, así como tampoco propone que los paramilitares entren como sujetos procesales directos.


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Señala que su proyecto es viable porque no modifica lo pactado en los Acuerdos de Paz y no modifica la estructura de la JEP. “Estamos garantizando que los paramilitares puedan acudir como testigos comparecientes para que esa verdad nueva les permita reclamar beneficios de la justicia transicional en la jurisdicción de Justicia y Paz, no en la JEP”.

En el caso de Mancuso, por ejemplo, quien ha causado todo un revuelo por la polémica de su llegada al país o su eventual ida a Italia, en este momento se encuentra sometido a la justicia ordinaria en Colombia; sin embargo, de llegar al país y con el escenario de la aprobación de esta ley, podría entregar su verdad y obtener a cambio beneficios como penas alternativas.