¿Reclutamiento forzado de menores? ¿Abusos sexuales? ¿Vínculos con narcotráfico? ¿Se cometieron esos y otros delitos en el conflicto colombiano? ¡Claro que sí! ¿Y por qué los niegan los actores del conflicto? Por dos razones: porque se avergüenzan de haberlos cometido y porque su reconocimiento tiene consecuencias penales. Hemos oído tantas veces estas historias y estas cifras aterradoras del pasado colombiano que creemos que son pasado, pero no lo son. Son dolor vivo. Son brasas que pueden volver a prender el incendio nacional. Nueve millones de víctimas. Doscientos mil desaparecidos (más que en las dictaduras del Cono Sur). Trescientos mil colombianos muertos. La mayoría jóvenes. Tratados extensos se han escrito sobre las causas de este fracaso de la humanidad que es la guerra. Y cincuenta años de literatura han tratado de explicar las causas de la guerra en Colombia. No cabe en esta columna el problema de la tierra, ni el de la exclusión social y política. Tampoco, el de la influencia perversa del fenómeno del narcotráfico en la financiación y potenciación de los ejércitos regulares e irregulares.

A la violencia guerrillera se sumó la criminal reacción paramilitar que contiene en ella la degeneración del narcotráfico y la complicidad de no pocos agentes del Estado. Sesenta años duró el conflicto con la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Firmamos un Acuerdo de Paz con las Farc, dejaron las armas trece mil combatientes y cesaron los atentados, las “pescas milagrosas”, las tomas de poblaciones y el secuestro prácticamente desapareció. Colombia respiró paz y esperanza. Pero sabíamos que el post acuerdo sería aún más difícil que el acuerdo. Que la paz con las Farc no sería paz completa si no se intentaba una solución dialogada con la otra guerrilla de más de medio siglo: el ELN. Advertimos que las bandas del narcotráfico, generadas por un negocio global donde la destrucción institucional y los muertos los pone Colombia, iban a copar los territorios si el Estado no ocupaba las áreas dejadas por las Farc.

También alertamos que reaparecerían grupos sucesores del paramilitarismo que, ante el silencio cómplice del Estado, y en ocasiones con su participación, aprovecharían esos territorios para imponer su control pavoroso e ilegal. De nuevo, la Ley del Monte. La ley del más fuerte. El comportamiento de fieras, de depredadores. La ausencia del Estado de derecho. La llegada de un gobierno hostil a la paz hace dos años. Un gobierno negacionista del acuerdo. Un gobierno construido sobre el miedo para el cual resultaba necesario resucitar al enemigo. Y entonces empezó a ocurrir lo que temíamos. Los reincorporados- hombres y mujeres que le apostaron a la paz- empezaron a ser hostigados, amenazados y asesinados. Las instituciones de la paz, la JEP, la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria Histórica fueron atacados y deslegitimados. Se sembró inseguridad jurídica, se abandonaron los proyectos productivos y se estimularon de esa manera las disidencias que les permitían entonces justificar de nuevo su guerra, allí tienen la resurrección del enemigo. ¿Y qué hacer con los que se obstinan en la paz y no se rearmarán nunca más? Estigmatizarlos. Recordarles su pasado. Porque fueron hombres y mujeres de la guerra. Y la guerra es cruel y en ella se cometen crímenes. Hicimos la paz para que dejaran de cometerlos, pero además para que las víctimas obtuvieran la verdad y para que los victimarios -de todas las orillas- respondieran por primera vez ante un tribunal de paz. Un tribunal de justicia transicional. Allí habrá verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, los que quieren regresar al pasado de la guerra, les recuerdan que también ellos se rigieron por la Ley del Monte. Que también ellos cometieron muchos crímenes y muy crueles. Y que entonces la paz no justificaba la reconciliación y que su persecución y castigo es más importante que la paz, de manera que la persecución penal y luego física y militar los devuelva a la guerra. Pero la mayoría perseveran en su propósito de reconciliación.

Hace pocos días el Congreso de Colombia eligió Segunda Vicepresidenta a Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez, guerrillera durante 35 años y viuda del fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. Un reconocimiento a la reincorporación social y política. Un mensaje de respaldo a las bases pacíficas del partido político legal que surgió de la desmovilización de la otra guerrilla. Para los negacionistas una afrenta. ¡Una herejía! ¡Una guerrillera en el Congreso! También una mujer campesina. Autodidacta que “estudió” su bachillerato en un radio de pilas en la emisora Radio Sutatenza. Y esa mujer campesina, ayer guerrera, hoy pacifista, se enfrenta la mañana siguiente de su nombramiento, al enjambre de micrófonos, fieras también a su manera, y le preguntan entonces no por la paz, sino por los delitos de su organización guerrillera. Quieren que confiese todos los delitos de todos sus compañeros, no frente al tribunal, sino frente a los micrófonos, entre cuñas publicitarias e insidiosas preguntas. Ella, la campesina autodidacta, inteligente pero inexperta en esta selva mediática y urbana, sólo responde lo que vivió, sólo transmite su experiencia personal, sí, ella, la Vicepresidenta del Congreso también fue reclutada adolescente, y ella en su caso y en su casa, se fue al monte porque “quiso” dice ella o porque la obligó el hambre y la ausencia de oportunidades como a tantos jóvenes campesinos. Otros, muchos, fueron también reclutados a la fuerza, de eso no hay duda.

Sin embargo, sólo ante un tribunal tendrán que decir la verdad y además pedir perdón a sus víctimas. Las declaraciones radiales y las portadas de revista no pueden ser combustible para incinerar los acuerdos. Tampoco los harán trizas. Que nos cuente Griselda con franqueza y verdad cómo era esa Ley del Monte, cómo se vive cuando no hay Estado y además cuándo se le combate. Y que nos diga también qué espera cuando le apuesta a reemplazar esa Ley del Monte por la Constitución de Colombia.