Los colombianos vemos con estupor, a veces con angustia, y desgraciadamente muchas veces con indiferencia, las cotidianas noticias de la muerte; masacres, fusilamientos, asesinatos colectivos -no importa como se llamen-, seres humanos tirados a la vera de los caminos. La mayoría jóvenes asesinados por otros colombianos. Hijos de la misma violencia, huérfanos del mismo Estado. La natural reacción de los ciudadanos ante el golpe brutal de la violencia, es clamar por la presencia del Estado y por supuesto, que el Estado existe precisamente para eso. Sin embargo, el Estado más allá de ser un constructo ideológico o político, en últimas, encarna en seres humanos que tienen la obligación de gobernar y por eso, en muchas regiones de Colombia esos hombres y mujeres que adquieren dicha tarea deben hacerlo en medio de las balas.

 

Esta semana decidí conversar con uno de esos colombianos, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, un hombre sencillo, de una familia humilde, nacido en Buesaco, un municipio enclavado en el sur del país que casi nadie conoce, un hombre hecho a sí mismo, víctima de la violencia. Su padre fue asesinado por las FARC. Ese hombre, hecho por cuenta de su esfuerzo y del querer de sus coterráneos, hoy terminó con la responsabilidad de gobernar una región lastimada por todas las violencias. Podría ser otro u otra gobernadora, u otro alcalde de otro municipio. Podría ser el alcalde de Argelia, de El Tambo, de Algeciras, o el de Tibú. Podría ser el gobernador de Chocó o el de Cauca, o el de Norte de Santander o de la Guajira, ¿Esos colombianos a quienes voltean los ojos de sus gobernados tienen hoy verdaderamente las condiciones para responder al enorme reto de proteger la vida de aquellos que los eligieron?

 

Esta violencia que regresa con la misma fuerza brutal de los años 80´s y 90´s demuestra que a quienes se les encarga la tarea de proteger la vida de los demás, no se les entregan los instrumentos necesarios. Los gobernadores y los alcaldes de Colombia verdaderamente no tienen poder. Casi ninguno. Exiguos recursos, enormes tareas que les entrega la Constitución, una descentralización de fachada, un régimen hiper presidencialista, poco o ningún control sobre el orden público tienen los gobernadores y alcaldes. Poca o ninguna capacidad de inversión para que el Estado esté presente en las zonas más alejadas de sus dominios.  Y sin embargo, todos esperamos de ellos soluciones. Terminan siendo, como bien dice en esta conversación Jhon Rojas –apenas los mensajeros del pueblo, apenas unos enlaces entre las voces angustiadas de las gentes y el Gobierno bogotano centralista-. Pero más allá de la voluntad de un gobernante, es hora de revisar la estructura del Estado. Mientras no avancemos hacia formas más autonómicas en las regiones. Mientras no entreguemos en verdad a las regiones el manejo de su propio destino, -lo que implica verdadero control de su orden público, pero también autonomía presupuestal, de recaudo, política-; en un sistema que debe avanzar hacia formas federales. Venimos reclamando desde hace mucho tiempo regiones autonómicas. En las condiciones actuales la propia estructura del departamento no tiene sentido; bien podría desaparecer para dar paso a ciudades región o a regiones coaligadas que tengan más capacidad competitiva, productiva, exportadora, pero para las condiciones de Colombia, está claro que los mapas de las zonas más adoloridas corresponden a zonas que van más allá de los límites departamentales. Son las 16 zonas que llamamos PDETS, que son las que deben desarrollarse a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Todas ellas con excepción del Chocó, corresponden a límites transdepartamentales.

 

Vale la pena reflexionar sobre qué estructura del Estado es la que conviene para enfrentar los retos de la paz, el reto fundamental del Estado que es controlar la violencia y el reto fundamental para la sociedad Colombiana que es encontrar formas de producción capaces de generar pleno empleo y equidad social. En todo caso, no es este régimen hiper presidencialista. Y no es el centralismo a ultranza. Y en todo caso es, y lo subrayo, cualquier cosa menos el régimen clientelar donde los gobernadores y alcaldes no responden a nadie, no corresponden a ninguna ideología, no son verdaderamente militantes de ningún partido. Reciben lo que se llaman coavales, que no son otra cosa que una patente de corso para no responder políticamente a ningún elector, pero también para no recibir ningún apoyo de un partido en particular.

 

Necesitamos una sociedad democrática con partidos fuertes que asuman la responsabilidad del gobierno. Partidos nacionales, por supuesto, en que ese gobernante de una región alejada sepa que su partido sí gobierna, es el eje fundamental de su soporte, es su apoyo, es su flujo de recursos. Y para quienes pierden las elecciones, partidos serios, nacionales con presencia en las regiones que se conviertan en alternativa de poder y sean responsables de hacer verdad la democracia, que no es otra cosa que la alternancia en el poder.

 

Mucho tenemos que hacer en materia de Reforma Política, si queremos que los gobernantes tengan instrumentos para cumplir con la protección de la vida y que los gobernados vuelvan a creer en el Estado.