Líderes políticos supuestamente afectados por esta práctica acudirán ante la CIDH. 

Algunos de los líderes políticos que, según denuncia de la Revista Semana, fueron ‘chuzados’ por parte del Ejército Nacional salieron este sábado a pedir protección al Estado y anunciaron acciones judiciales antes tribunales internacionales. 

De acuerdo con la denuncia, la salida del general Nicacio Martínez del comando del Ejército Nacional estaría relacionada con un nuevo caso de chuzadas ilegales a magistrados, políticos y periodistas desde cuarteles militares. 

Una de las fuentes anónimas citadas por la revista dice que quienes realizaban las interceptaciones recibían órdenes que “venían directamente desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos”. Y añade que, “por la misión y los blancos estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad”.

Entre los ‘chuzados’ estarían la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, el reconocido senador del Partido de la U, Roy Barreras, y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero.

Precisamente, Barreras anunció acciones ante tribunales internacionales y dijo que él ya había denunciado ante la Fiscalía interceptaciones ilegales en su contra pero la investigación fue archivada “en tiempo récord”. 

“Acudiremos ante la CIDH porque ha regresado la práctica ilegal para-estatal de persecución política, física y jurídica contra defensores de la paz, opositores, periodistas independientes y magistrados bajo una  ‘ideologia del enemigo’ en la que lo es todo aquel que piense diferente”, aseguró el senador de ‘la U’.

Por su parte, el exgobernador Romero hizo responsable de su vida al presidente Iván Duque. 

“Exigimos el mínimo de garantías para nuestro ejercicio político. Ya estamos a 11 de enero y la UNP aún no activa el esquema de seguridad. Hago responsable de mi vida y mi seguridad a quien debe asumir como jefe de Estado, Iván Duque”, expresó Romero. 

La magistrada Lombana no se ha pronunciado oficialmente, pero la información suya, según una fuente citada por la revista, fue entregada directamente a “un reconocido político del Centro Democrático”.

La denuncia también indica que hasta los oídos de miembros de organismos de inteligencia estadounidenses llegaron reportes de la utilización ilegal, por parte de militares colombianos, de equipos técnicos ese país había donado para luchar contra el crimen.

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