El congresista explica el detalle su propuesta para que paramilitares puedan acudir a la JEP, en calidad de “testigos comparecientes”, para aportar verdad a cambio de beneficios.

 

Al Congreso llegó esta semana una propuesta del senador Roy Barreras, del Partido de la U, para abrir una puerta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que los paramilitares puedan acudir a este tribunal, y a otros componentes, como la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para aportar verdad y esclarecimiento.

El objetivo principal es que las víctimas puedan saber qué pasó con sus familiares, por qué los desaparecieron, por qué los mataron. Por eso, para Barreras es importante que, antes que pagar penas en la justicia ordinaria, quienes fueron los máximos comandantes del paramilitarismo en Colombia —como Salvatore Mancuso o Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40)— puedan decir lo que saben ante la justicia transicional como “testigos comparecientes” y recibir beneficios judiciales a cambio, siempre que su información sea esclarecedora.

En entrevista con El Espectador, el congresista asegura que su proyecto de ley no tiene ánimo de venganza, sino de reparación de las víctimas del conflicto y que la justicia restaurativa para conocer las verdades de los conflictos armados en el mundo ya ha ganado el debate frente a quienes prefieren altas penas de prisión para los culpables.

Para que los paramilitares puedan acudir a la JEP, usted propone la figura del testigo compareciente. ¿Cómo se explica es propuesta?

Ante la llegada de paramilitares como Salvatore Mancuso o Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), la gente empieza a preguntarse cuál es el mecanismo jurídico para que estas personas, que fueron los principales perpetradores de los crímenes del paramilitarismo, puedan decir la verdad, contarles a las víctimas dónde están sus seres queridos enterrados, puedan ofrecerles alivios a más de 200.000 familiares de desaparecidos que están en fosas comunes, y también puedan aportarle al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición información nueva que permita identificar a otros actores responsables de las órdenes que terminaron en estos actos criminales.

¿Con esta ley se abriría una puerta para esa verdad?

Está claro que los paramilitares no pueden ir a la JEP y que su jurisdicción es la Ley de Justicia y Paz, sin embargo, en el caso de muchos paramilitares, o fueron expulsados de la ley o fueron extraditados antes de cumplir con su deber de verdad frente a las víctimas. Este proyecto de ley resuelve ese asunto porque autorizamos que los paramilitares puedan acudir a la JEP como testigos comparecientes, tendrán un año para hacerlo y, si la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP lo considera útil y que la verdad que aportaron es verdaderamente clarificadora, puedan otorgarles un certificado de verdad con el cual regresarían a la Justicia y Paz para ser sometidos a penas alternativas y a los beneficios del sistema transicional. Si los paramilitares quieren decir la verdad que las víctimas merecen, con este proyecto podrán hacerlo. De lo contrario, los espera la justicia ordinaria.

¿Por qué hacer las adiciones a la Ley de Justicia y Paz y no a la Ley Estatutaria de la JEP?

Porque está claro desde el Acuerdo de Paz que los paramilitares no son sujetos procesales de la JEP, porque ya tuvieron su ley de justicia transicional. Lo que corresponde es que se mantengan en esa jurisdicción, pero puedan acudir en calidad de testigos comparecientes a ofrecer verdad nueva y obtener el certificado que les permita recuperar los beneficios de penas alternativas que la justicia transicional ha ofrecido a todos los actores del conflicto, incluyendo a los militares y a los guerrilleros. Por esa razón no van a la JEP. Allí hay una estrecha ventana para que acudan sólo como financiadores, como terceros, pero personajes como Mancuso o Jorge 40 fueron determinadores y autores directos de los crímenes, no solo financiadores. Incluso, en algunas jurisprudencias internacionales se les considera unos agentes del Estado de facto, por haber tenido vínculos con agentes del Estado. Lo que hay de fondo es que las víctimas merecen la verdad y Colombia también, no con ánimo de venganza, sino para garantizar la no repetición.

¿Se puede interpretar que usted considera que la JEP quedó incompleta al no incluir la participación de los paramilitares?

No, en absoluto. La JEP no tenía por qué incluirlos, porque ya los paramilitares habían sido sujetos de una justicia transicional. El problema es que mucho antes de que existiera la JEP y se firmara el Acuerdo de Paz, a los paramilitares los extraditaron y les impidieron decir la verdad. Ahora, a su regreso, estamos proponiendo este camino para que puedan decir esa verdad silenciada durante años.

La tesis que siempre ha corrido con la extradición de los paramilitares a Estados Unidos es que, como usted dice, se intentó callarlos. En caso de que esta iniciativa tenga éxito, seguramente pondrá a temblar a más de uno que haya tenido participación en el conflicto…

Yo les digo a los políticos que dieron las órdenes, a los terceros financiadores del paramilitarismo, a los políticos que fueron cómplices de los paramilitares, que no le teman a la verdad. Que no estamos presentando este proyecto de ley con el ánimo de que sean perseguidos, sino con el ánimo de desarmarlos, de que dejen de ser actores del conflicto, con la intención de que no reproduzcan la violencia, pero, sobre todo, con la intención de que las víctimas sepan la verdad sobre sus seres queridos enterrados, y los paramilitares conocen esa verdad. Y los colombianos no saben con certeza quiénes les dieron las órdenes a los paramilitares, quiénes eran los políticos que se beneficiaban. Se conocen algunos, los llamados parapolíticos, pero seguramente los más altos responsables todavía no han confesado su verdad.

En la carta que Mancuso le envía al exministro Leyva, menciona, por ejemplo, al embajador Francisco Santos y otros. ¿Prevé oposición desde el Gobierno y el uribismo para este proyecto de ley?

También menciona a Álvaro Uribe, pero no preveo, sino que ya veo que empieza a haber clara oposición y me pregunto por qué razón el miércoles el presidente Duque rechazó la posibilidad de que los paramilitares digan la verdad en la JEP. ¿A quién protege? Yo creo que el presidente Duque, que vivió cerca de 20 años por fuera y regresó recientemente a ser senador y presidente, no ha tenido ninguna participación ni directa ni indirecta en los años del paramilitarismo en las décadas del 90 y los 2000. Por eso me pregunto por qué se opone. Duque ha dicho que se opone a que los paramilitares digan la verdad porque merecen el más alto castigo. Con esa lógica, lo militares que están regresando a sus hogares tampoco podrían hacerlo y tendrían que pagar 20, 30 o 40 años de condena en la justicia ordinaria. Y me refiero a muy connotados militares, como Rito Alejo del Río, el coronel Plubio Hernán Mejía o el general Mario Montoya. Yo creo que la paz es para todos y la justicia transicional debe ser para todos los actores del conflicto.

Se vuelve a la vieja disertación. La posibilidad de que los culpables de crímenes atroces paguen penas completas en la justicia ordinaria o que obtengan rebajas a cambio de verdad. Algunos prefieren que se pudran en la cárcel y no la justicia restaurativa. ¿Cómo convencer a quienes prefieren altas penas antes que verdad?

Tendrían que preguntarles a los familiares de los 200.000 desaparecidos si quieren saber la verdad y encontrar a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, o si prefieren la venganza contra los perpetradores y no tener derecho a la verdad. Esa justicia restaurativa, que es una realidad en el mundo, ha ganado ese debate en favor de la verdad y en favor de la paz. El castigo y la venganza sin verdad y sin no repetición reproduce las causas de la violencia. Parar el desangre en Colombia es más importante que el castigo. Y creo que, así como les exigimos la verdad con énfasis a la guerrilla, también se la exigimos a los agentes del Estado y también se la exigimos a los paramilitares. Eso implica encontrar un camino jurídico para que puedan ofrecer esa verdad a los colombianos.

¿Ha estimado cuánto exjefes paramilitares están interesados en llegar a la JEP y tener beneficios?

Yo creo que hay al menos una decena de paramilitares que conocen la verdad y que podrían acudir a la JEP o a la Comisión de la Verdad para decirla. Pero me parece que, como en todos los conflictos, los máximos responsables, así está establecido desde que presenté el marco para la paz hace ya ocho años, son los que conocen la máxima verdad. Son ellos los que, principalmente, pueden ofrecer verdad, reparación y no repetición. En este caso son los que están regresando al país.

La JEP tiene un tiempo límite de funcionamiento. Una de las preocupaciones es que está saturada con tantos procesos. ¿Se requiere una ampliación de la JEP para escuchar a los paramilitares que lleguen eventualmente?

Yo no creo. Creo que serían pocos paramilitares, pero con mucha verdad, y me parece que no ameritaría ninguna modificación en la JEP. También aprovecho para recordar que la JEP lleva apenas dos años y medio, y el primero se perdió por cuenta de las fracasadas objeciones. Entonces, en año y medio que lleva ha proferido más de 30.000 decisiones judiciales, mucho más que lo que se hizo en tantos años de impunidad durante el conflicto, cuando crímenes guerra y otros delitos jamás fueron juzgados. Si alguien pagó por eso, fueron los guerrilleros que eran capturados en combate, pero los máximos responsables nunca respondieron ante la justicia. Creo que esta es la oportunidad.